México se ha convertido en el país con más solicitudes de acciones urgentes ante el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, acumulando 681 peticiones hasta septiembre de 2024. Esta cifra lo coloca por encima de países como Irak, Colombia y Cuba, lo que refleja la magnitud de la crisis de desapariciones en el país y la creciente necesidad de intervención internacional para garantizar la búsqueda e investigación efectiva de las personas desaparecidas.
Las acciones urgentes son mecanismos que la ONU utiliza para instar a los Estados a actuar de forma inmediata en la localización y protección de personas desaparecidas. Activistas como Michael Chamberlin destacan que estas medidas son, para muchas familias, el último recurso ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas. A pesar del aumento en solicitudes, el comité ha señalado la falta de efectividad en las acciones del gobierno mexicano, con múltiples casos donde se documenta la omisión o incluso participación de agentes públicos.
La ONU ha advertido que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas, lo que llevó al Comité a activar un procedimiento inédito para exponer el caso ante la Asamblea General. Expertos en derechos humanos subrayan que, aunque en administraciones anteriores se comenzaron a construir mecanismos para enfrentar esta problemática, en los últimos años muchos de estos esfuerzos han sido desmantelados, lo que agrava la crisis actual.
Organismos como la Universidad Iberoamericana y la UNAM coinciden en que la falta de reconocimiento oficial por parte del Estado mexicano sobre la magnitud de esta crisis obstaculiza cualquier solución. Mientras no se admita que el país está rebasado, señalan, será difícil construir estrategias efectivas para enfrentar una de las problemáticas más dolorosas y urgentes de derechos humanos en el país.
