En una jugada que ha encendido alarmas dentro y fuera del país, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. La medida fue avalada por 57 de los 60 diputados, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas, liderado por el presidente Nayib Bukele.
Desde el oficialismo, la reforma se defiende como una vía para dar más poder al pueblo y garantizar estabilidad política y ahorro de recursos. Sin embargo, desde la oposición y organizaciones de derechos humanos, la lectura es otra: una peligrosa concentración de poder que amenaza la democracia. La diputada Marcela Villatoro calificó la aprobación como “el día que murió la democracia”.
Además, la ley estipula que el actual mandato de Bukele, que debía concluir en 2029, terminará anticipadamente en 2027, año en el que se realizarán elecciones presidenciales concurrentes con las legislativas y locales. Aunque el mandatario no se ha pronunciado sobre esta reforma, su silencio no ha evitado el creciente debate internacional.
A pesar de sus altos niveles de popularidad, impulsados por una guerra frontal contra las pandillas, Bukele enfrenta fuertes críticas por violaciones a los derechos humanos, detenciones sin juicio y represión de voces disidentes. Para muchos analistas, El Salvador está siguiendo el libreto clásico de los regímenes autoritarios: líderes carismáticos, reformas a modo y un camino acelerado hacia el poder sin límite.
