La Suprema Corte decidió no usar los vehículos de lujo recién adquiridos, luego del rechazo social que generó su compra. El presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, aseguró que la medida busca actuar con austeridad real, sin poner en riesgo la seguridad de jueces y magistrados.
Tras varios días de cuestionamientos públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que sus ministros no utilizarán las camionetas blindadas de alto costo que formaban parte de una nueva flotilla institucional. La decisión marca un giro en medio del debate nacional sobre el gasto público y la congruencia del Poder Judicial con los principios de austeridad.
“La austeridad no es un gesto, es una decisión”
En conferencia de prensa, el ministro Hugo Aguilar fue directo: “La austeridad no es un acto simbólico”. Con esa frase, defendió que la Corte no actúa por presiones políticas, pero sí escucha el reclamo ciudadano.
El ministro explicó que la compra de los vehículos respondió a criterios de seguridad, no de lujo. Recordó que desde 2010 existe una política para dotar a los ministros de unidades blindadas, debido a los riesgos asociados a su función.
Vehículos viejos, fallas graves y riesgos reales
De acuerdo con Aguilar, la flotilla que heredó la actual administración estaba en condiciones críticas: camionetas con blindaje vencido, fallas mecánicas recurrentes y unidades que incluso quedaban varadas durante traslados oficiales.
En solo cuatro meses, varios vehículos presentaron problemas de encendido, fallas en el motor y afectaciones por el peso del blindaje, lo que llevó a considerar riesgoso seguir utilizándolos.
¿Qué pasará con las camionetas nuevas?
Aunque ya fueron adquiridas, la Corte decidió no utilizarlas. Ahora se analiza su desincorporación o reasignación a jueces que enfrenten amenazas mayores, siempre dentro del marco legal. Además, seguirá adelante la venta de 21 vehículos antiguos, con el objetivo de generar ahorros.
Más viajes, más exposición
Aguilar también reveló un cambio clave en la dinámica de la Corte: los ministros ahora viajan con mayor frecuencia por carretera para tener contacto directo con la ciudadanía, una práctica poco común en años anteriores. Esto ha incrementado la exposición y los riesgos durante traslados, especialmente los fines de semana.
“Puedo decidir cómo viajo yo, pero no tengo derecho a decidir sobre la seguridad de mis compañeras y compañeros”, subrayó.
Austeridad vs. seguridad: el dilema abierto
El caso reabre el debate sobre hasta dónde debe llegar la austeridad en instituciones que enfrentan riesgos reales, y si es posible equilibrar el reclamo social con la protección de quienes imparten justicia.
Por ahora, la SCJN optó por dar marcha atrás, enviar una señal política y revisar el destino de una flotilla que ya estaba en el centro de la polémica nacional.
