16/05/2026
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    El gobierno de Querétaro endureció su postura contra quienes incumplen con el pago de pensión alimentaria y anunció nuevas medidas que podrían afectar directamente su acceso a empleos, contratos y hasta programas sociales.

     

    Durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, autoridades estatales confirmaron una estrategia para reforzar las sanciones contra deudores alimentarios y garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

     

    Uno de los anuncios más contundentes fue que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ya no podrán ser contratadas dentro del Poder Ejecutivo estatal, ni siquiera bajo esquemas de honorarios.

     

    El senador Agustín Dorantes lanzó un mensaje directo al señalar que en Querétaro “se le cerrará la puerta” a quienes no cumplan con sus responsabilidades alimentarias. El legislador destacó que actualmente existen más de 20 mil juicios por pensión alimentaria al año en la entidad, pero apenas poco más de 200 personas aparecen registradas oficialmente como deudores.

     

    Ante este panorama, el gobierno estatal firmó un convenio con el Tribunal Superior de Justicia, empresarios y organizaciones civiles para fortalecer la aplicación de sanciones y evitar que las medidas queden únicamente en el papel. Además de impedir contrataciones en el gobierno, las autoridades adelantaron que buscarán extender las restricciones a proveedores y contratistas relacionados con el Poder Ejecutivo.

     

    Las medidas también contemplan negar la expedición o renovación de licencias de conducir a deudores alimentarios, así como limitar su acceso a programas sociales operados por dependencias estatales.

     

    La oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel, explicó que todas las áreas gubernamentales deberán adaptar sus reglas de operación para alinearse con esta nueva política.

     

    Con estas acciones, Querétaro busca convertirse en uno de los estados con mayor presión institucional contra quienes incumplen con la manutención de sus hijos, en medio de una discusión nacional sobre el fortalecimiento de los derechos de la niñez.