La polémica no se apagó, solo cambió de tono. Marcelo Ebrard reconoció públicamente que su hijo se hospedó durante aproximadamente seis meses en la embajada de México en Reino Unido, pero su defensa —lejos de cerrar el tema— abrió nuevas preguntas sobre posibles privilegios en el servicio público.
Desde la conferencia encabezada por Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía sostuvo que no hubo uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, la explicación dejó zonas grises: aceptar que un familiar directo habitó una residencia diplomática, incluso en pandemia, inevitablemente coloca el foco en los límites entre lo personal y lo institucional.
El tema estalló tras la publicación del periodista Claudio Ochoa, quien señaló que el hijo del funcionario permaneció en la sede diplomática durante la gestión de Josefa González Blanco. Desde entonces, la discusión no ha sido solo sobre legalidad, sino sobre ética pública.
Ebrard argumentó que todo ocurrió en el contexto de la pandemia de COVID-19, cuando —según dijo— su prioridad era asegurar vacunas para México. También explicó que su hijo viajó para estudiar neurociencia, aunque terminó regresando antes por las restricciones sanitarias.
Pero el punto clave sigue en el aire: aunque no haya pruebas de un gasto irregular, ¿es apropiado que un familiar de alto nivel ocupe una residencia diplomática? La línea entre apoyo personal y trato preferencial es justamente lo que alimenta la controversia.
El propio funcionario defendió su actuar apelando a lo personal: “no veo ningún abuso”, dijo, al tiempo que calificó las críticas como “mezquinas”. No obstante, en el terreno político, ese tipo de argumentos suele quedarse corto frente a una opinión pública cada vez más exigente con la transparencia.
Además, el intento de equilibrar la narrativa con actividades como una exposición sobre salud mental impulsada por su hijo no ha sido suficiente para desactivar el cuestionamiento central.
Hoy el debate ya no gira únicamente en torno a lo que ocurrió en Londres, sino a algo más amplio: los estándares que deben cumplir los funcionarios y sus círculos cercanos. Porque en política, muchas veces, no basta con que algo sea legal… también tiene que parecerlo.
