Un vendaval de amparos por parte de gobiernos estatales y municipales ha caído en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del “Plan B”, particularmente de los decretos que reforman la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con dicha reforma, los alcaldes y gobernadores tendrán restricciones para la difusión de las obras y acciones que se realicen en sus administraciones.

De acuerdo con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, el “Plan B” viola la autonomía de los municipios, por lo cual, además del recurso presentado por su partido, grupos parlamentarios de las cámaras de diputados, de senadores y alcaldes, presentarán más acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnarlo.

“Que el presidente no abuse de su cargo, de su mayoría simple en la Cámara de Diputados para querer poner las reglas a modo en materia electoral”, expresó el líder nacional del PAN, quien consideró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador busca “ganar a la mala lo que ya no pudo ganar a la buena, en el 2018”.

La presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes del Partido Acción Nacional (ANAC), Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, municipio que se sumó a dichas acciones, dijo que estas reformas limitan la libertad hacendaria a los municipios.

“A ustedes les quitan el derecho a saber, nos impiden que comuniquemos cuáles son nuestros planes de prevención, cuáles son nuestros programas, cuáles son las contingencias, las obras, en fin, cualquier campaña, hasta la del predial. Hoy seguimos levantando la voz por ustedes e invitar a todos los municipios a que también ustedes alcen la voz y presenten su controversia. Aquí seguimos trabajando por los municipios y por su libertad, pero sobre todo por los ciudadanos”, expresó la alcaldesa a través de su cuenta de Twitter.

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que en uso de sus facultades, solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los asuntos en materia electoral sean tratados de manera prioritaria, “debe actuar con celeridad y es lo que estamos haciendo, con el respeto que le tenemos a la Suprema Corte de Justicia y en términos de la división de poderes y de las facultades constitucionales que tiene el Poder Legislativo y las que tiene el Poder Judicial, poder llevar a cabo de manera eficaz el desahogo de estas acciones de inconstitucionalidad y de controversias”.

La SCJN ha recibido al menos 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales. De las presentadas, siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias fueron turnadas para su análisis al ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará si admite, desecha o previene los recursos. Entre las primeras decisiones, el ministro suspendió la aplicación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en los estados de México y Coahuila, donde inició el proceso electoral.