El Gobierno del estado de Querétaro advirtió un incremento significativo en las afectaciones por fallas eléctricas, al reportar 508 incidencias en lo que va de 2026, cifra que podría ser hasta tres veces mayor debido a casos no registrados oficialmente.
De acuerdo con autoridades estatales, esta situación se ha agravado por la cancelación de un proyecto energético clave para fortalecer la infraestructura de transmisión eléctrica y por la falta de mantenimiento preventivo en la red de distribución por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El director de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo, explicó que dicho proyecto buscaba ampliar la capacidad del sistema eléctrico en el estado, con el objetivo de aliviar la carga de la red y mejorar tanto el suministro industrial como el doméstico. Sin embargo, fue detenido por la CFE pese a contar con autorizaciones previas.
El funcionario señaló que la falta de ejecución de este tipo de obras limita la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda energética, lo que ha contribuido a la persistencia de apagones en diversas zonas del estado.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que actualmente se tienen identificadas alrededor de 40 zonas afectadas entre colonias y comunidades, donde persisten reportes de interrupciones del servicio eléctrico.
Además, detalló que en lo que va del año se han registrado seis manifestaciones y ocho bloqueos viales relacionados directamente con los apagones, lo que refleja el impacto social del problema.
Las autoridades estatales señalaron que la situación no solo responde a la demanda creciente de energía, sino también a limitaciones en la infraestructura de distribución y mantenimiento, lo que ha generado una presión adicional sobre la operación del sistema eléctrico.
El gobierno estatal insistió en la necesidad de reactivar proyectos de ampliación y reforzar la coordinación con la federación para atender de manera más rápida las fallas, al considerar que existen condiciones para reducir los tiempos de respuesta y evitar mayores afectaciones a la población y a la actividad económica.
